PARTIDOS CIEGOS Y SORDOS

02/08/2011

Ceguera partidocrática

Javier Sicilia

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Pese a la emergencia nacional que vive el país, pese también a la reserva moral que se ha despertado en la ciudadanía y que exige un cambio moral en la vida política, los partidos y los gobiernos parecen ciegos. Empecinados en sus luchas electorales por el poder, encerrados en esa franja intocada de la realidad de sus oficinas, de sus salarios y de su burbuja de clase, han perdido de vista que el país está balcanizado por el crimen y la corrupción de las instituciones; que los ciudadanos, destrozados por la inseguridad y la impunidad, no miramos en ninguno de ellos una alternativa política; que entre ellos y nosotros hay un divorcio y una lejanía cada vez más hondos, y que el país corre el peligro de entrar en un nihilismo sin retorno o en formas aberradas del autoritarismo.

La prueba más clara –presagio de lo que serán los próximos comicios– fueron las elecciones del Estado de México. En estricto sentido, Eruviel, explotando la ignorancia, la miseria y la corrupción de mucha gente mediante la compra de votos, es decir, ejerciendo una delincuencia partidocrática, ganó con el veintitantos por ciento del padrón electoral, lo que representa una minoría cooptada. Detrás de su pírrico triunfo está en realidad el voto blanco –que la reforma política, de por sí detenida en el Congreso, ni siquiera contempla– o, en palabras más llanas, el repudio de la mayoría ciudadana y el peso de la ingobernabilidad.

Si nuestros partidos y nuestros gobiernos creen que eso es democracia y legitimidad, entonces hay que aceptar que su estado mental es la oligofrenia o el cinismo; habrá que aceptar también que las próximas elecciones serán las de la ignominia: un gobierno de minorías, con instituciones corrompidas y con un aumento de la criminalidad y de la espiral de violencia. Gane quien gane en esta simulación democrática, sólo podrá gobernar con los cárteles y con la violencia, es decir, no gobernará, como hasta ahora no ha gobernado ni Felipe Calderón ni ningún gobernador en la República, lleve el signo del partido que sea.

Estamos –es lo que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no ha dejado de mostrar– en una emergencia nacional. La mayoría ciudadana lo sabe en su dolor, y por eso –a pesar del receso en que las movilizaciones han entrado en espera de los resultados de los diálogos con los poderes– no asistirá a las urnas, o si asiste será para colocar su voto en blanco. La realidad atroz que vivimos, y la ciudadanía que se ha dado cuenta de ella y exige un cambio profundo en la vida política, han rebasado al gobierno y a los partidos que en su ceguera continúan pensando que ir a las elecciones en estas condiciones es vivir democráticamente.

Sin embargo, si realmente queremos salvar la democracia, la única manera de hacerlo es, primero, que los partidos políticos se desprendan de sus anteojeras y acepten que el país está en peligro; segundo, que a partir de allí hagan una cura de humildad y renuncien a su competencia política; tercero, que junto con los ciudadanos busquen un candidato moral de unidad nacional y creen una agenda cuyos principios básicos sean el saneamiento de las instituciones –mediante castigos (Juárez dixit) ejemplares a los funcionarios corruptos y a los delincuentes, castigos que no contemplen la venganza, sino el resarcimiento moral de sus conciencias y de sus faltas–, la creación de una seguridad basada en la vida ciudadana –lo que implica cambiar no sólo la estrategia actual, sino también la estrategia económica, educativa, productiva y de gobierno en función del bien común, es decir, del fortalecimiento de las relaciones locales de soporte mutuo y de los derechos humanos–, la promulgación de una Ley de Víctimas que, a través de una Comisión de la Verdad, permita la seguridad de las mismas, su resarcimiento, su reconciliación y que les asegure la no repetición del dolor, así como una profunda reforma política que haga posible una participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos del gobierno –o sea, una reforma que además de las candidaturas y de las iniciativas ciudadanas, incluya la revocación del mandato, el plebiscito, el voto blanco, la limitación de fueros y acciones colectivas amplias e incluyentes, y que camine hacia la realización de un nuevo Constituyente–, y una política exterior que ponga un coto a las iniciativas belicistas que Estados Unidos nos ha impuesto como forma de combate al narcotráfico.

La realidad por la que atraviesan la nación y la vida humana humillada lo está exigiendo. Esto no significa –contra la opinión de los partidos y de algunos intelectuales que a causa de la franja de confort en la que viven no ven la realidad– una negación de la democracia, sino una rearticulación de ella a partir de un llamado a la reserva moral que aún habita en el corazón y en la lucidez de la conciencia. Despreciarlo, en nombre de la ceguera partidista, será llevar al país a la más profunda de las ignominias, la de la violencia sin límite, una pesadilla que ya anuncian nuestros muertos. Es tiempo de pensar en los seres humanos y no en el poder del Estado, esa máquina sin alma que no puede liberarse de la violencia y que a ella debe su inhumana vida.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz y cambiar la estrategia de seguridad.

El segundo diálogo del Castillo de Chapultepec

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

En muy poco ayuda al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) el balance injustificadamente optimista que algunos dirigentes hacen del diálogo que sostuvieron con el Poder Legislativo en el Castillo de Chapultepec. Es comprensible que quienes conducen una movilización social quieran magnificar sus conquistas. No lo es que fuercen la realidad hasta extremos caricaturescos.

En un desplante verbal sin sustento alguno, un día después del diálogo, Emilio Álvarez Icaza publicó en El Universal una reflexión en la que aseguró: Hay elementos para pensar que la gente recuperó al Congreso de la Unión y que éste puede recuperar la confianza de la ciudadanía.

¿De verdad la gente ya recuperó al Congreso? ¿Será que ahora sí el Legislativo puede recuperar la confianza de la ciudadanía? ¿Por qué? ¿Porque el MPJD se reunió con ese poder y algunos legisladores accedieron de palabra a algunas de sus demandas? ¡Por favor!

Apenas un día después del escrito de Álvarez Icaza, José González Morfín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, lo desmintió y dijo que será en septiembre cuando el Congreso de la Unión ofrezca una respuesta concreta a los compromisos adquiridos.

Por lo pronto, no hay ninguna garantía de que el Congreso vaya a cumplir con los puntos verbalmente aceptados por algunos legisladores. En la reunión se negaron a firmar cualquier compromiso, argumentando que el verdadero capital de un representante popular es su palabra. ¿Acaso ya se olvidó lo que sucedió con los acuerdos de San Andrés? ¿Dónde quedó la iniciativa de la Cocopa –avalada por los legisladores– a la hora de la verdad?

Álvarez Icaza ha amenazado que, en caso de incumplimiento, el MPJD se cobrará la afrenta en las urnas. ¿De verdad? El MPJD es una movilización social ejemplar. Ha logrado en muy poco tiempo grandes conquistas, visibilizando el costo humano de una guerra absurda y fallida. Ha sentado a dialogar al Presidente de la República y al Congreso de la Unión. Ha impactado a la opinión pública, pero no la ha organizado. El MPJD no tiene, por lo pronto, ni la capacidad organizativa ni la convocatoria para presionar electoralmente a los partidos. ¡Ojalá y la tuviera!, pero no es así. El que diga lo contrario está blofeando. Y la clase política política lo sabe.

Buen ejemplo de la inutilidad de este tipo de chantajes es la movilización en favor del voto en blanco de los pasados comicios federales. ¿Dónde quedó? En ningún lado. La protesta, legítima como fue, no pudo transformarse en un movimiento sino, apenas, en una explosión de malestar sin continuidad. Desapareció una semana después de las elecciones.

Unos días antes del segundo diálogo del Castillo de Chapultepec, Javier Sicilia y un grupo de tuiteros se presentaron en el Congreso para presionar por la aprobación de la reforma electoral. Los medios registraron la iniciativa. El número de asistentes fue muy reducido. Quedó demostrado que una cosa es circular mensajes en las redes sociales y otra convocar ciudadanos a la acción, y que las redes sociales son utilizadas por todo mundo. Nadie representa a los tuiteros. Los políticos profesionales tienen tuiteros contratados para hacer labor en favor suyo en la red. La fuerza de Twitter en la política en México hoy en día está, en parte, en el enigma de quiénes son sus integrantes. Cuando algunos de ellos llaman a la ciudadanía a salir a las calles y su convocatoria fracasa, les sucede lo que a los enmascarados en la lucha libre: una vez descubierto su rostro pierden su magia y su encanto.

Más allá del impulso social que lo anima, el gran mérito del MPJD en el encuentro con el Congreso de la Unión fue aprovechar las contradicciones internas de los partidos en el Congreso. Manlio Fabio Beltrones tiene interés en que la reforma política aprobada por el Senado camine, pero la Cámara de Diputados, controlada por los legisladores afines a Enrique Peña Nieto, se opone. Josefina Vázquez Mota está en plena carrera por la postulación presidencial de su partido. Armando Ríos Piter, el coordinador de los diputados del PRD, que antes de desembarcar en el sol azteca perteneció al PRI y luego al PAN, necesita construirse un capital político propio y apoyar a su candidato Marcelo Ebrard. Todas esas contradicciones fueron adecuadamente utilizadas por el movimiento. Pero no van a durar. Los síes de los legisladores el 28 de julio tienen fecha de caducidad.

En septiembre deberá discutirse el informe presidencial y, más adelante, se tendrá que aprobar el presupuesto para 2012. La sucesión presidencial entrará a una fase definitiva. Personajes claves del actual Congreso estarán ya en otra cosa y en otro lado. El Legislativo podrá aprobar, sin demasiados problemas, algunas de las demandas del movimiento que no cuestionan mayormente la actual guerra contra el narcotráfico, pero lo más probable es que dejará de lado las centrales.

El segundo diálogo del Castillo de Chapultepec permitió dar al movimiento de las víctimas un gran paso adelante. El discurso inicial de Javier Sicilia puso las cartas sobre la mesa y señaló culpables y responsabilidades sin ninguna ambigüedad. Nuevamente, la voz de los afectados sonó fuerte. Sin embargo, todas esas conquistas se empequeñecen con el discurso triunfalista sin sustento de algunos de los dirigentes del movimiento.

El que algunas personas digan haber recuperado la confianza en diputados y senadores no significa, ni mucho menos, que la ciudadanía lo haya hecho. No hay una sola evidencia de que así sea. Y una valoración así no es un asunto de anteojeras ideológicas.

Calderón y la pobreza, ineptitud criminal

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F. (apro).- Si la eficacia de un gobierno nacional se mide por el bienestar que genera para su población, el de Felipe Calderón es un fracaso irrebatible: En sólo cuatro años arrojó al infierno de la pobreza a 12 millones 205 mil 356 mexicanos.

Es una infamia: Se trata de un aumento de 27% del número de pobres que había cuando, en 2006, asumió al cargo. Es decir, la pobreza patrimonial pasó de 45.5 millones ese año a 57.7 millones el año pasado.

La mitad de los mexicanos, entonces, es pobre.

La vasta propaganda oficial y oficiosa ha tratado de esconder esta cifra de pobreza patrimonial y aun el aumento de 3.2 millones de pobres multifactoriales –de 48.8 a 52 millones–, contenidos en el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y ha tratado de imponer la idea de que se contuvo el aumento de pobreza extrema.

Y en efecto, qué bueno que los programas asistencialistas del gobierno federal evitaron que la cifra de pobres extremos creciera más de los 11.7 millones que hay –y que son muchísimos–, pero qué lamentable que ese número sea casi igual a los mexicanos que se convirtieron en pobres.

Orquestadas por Calderón, las justificaciones por el aumento de la pobreza en México se multiplican en el gobierno federal y en el Partido Acción Nacional (PAN), y entre los pretextos se cuentan los que acuden inclusive a la comparación de los pobres que generó la crisis detonada en 1994.

Las cifras oficiales establecen que, tras el colapso económico de ese año, los mexicanos que cayeron en pobreza patrimonial ascendieron a 64 millones de personas. Pero así como van las cosas, en este y el próximo año, bien puede Calderón generar los poco más de 6 millones para igualar y superar esa cifra.

Talento, para la desgracia, lo tiene.

Y para los pretextos, también.

En 2006, en su libro propagandístico El hijo desobediente, prometió que sacaría de la pobreza a 27 millones de mexicanos: En números redondos, desaparecerán 15 millones pobres-pobres y 12 millones pobres extremos.

Eso implicaba que disminuirán 2.5 millones de pobres cada año, 208 mil 333 por mes y casi 7 mil diarios. Los pobres extremos desaparecerán, gracias a Calderón, a razón de 2 millones anuales, 166 mil mensuales y 5 mil 500 cada mes.

Las cifras combinadas de pobres y pobres extremos que desaparecerán, según la promesa de Calderón –27 millones en total–, son las siguientes: Cada año, dejarán de ser pobre y pobres extremos 4.5 millones de mexicanos, 375 mil por mes y 12 mil 500 diarios.

A la vuelta de cinco años –cuatro en la evaluación del Coneval–, Calderón no sólo no pudo cumplir con ese compromiso de abatir la pobreza, sino que la aumentó por su incompetencia en todos los órdenes.

Y lo fundamental: Tratándose de personas es una ineptitud criminal…

Apuntes

Luisa María es ya candidata del PAN al gobierno de Michoacán mediante el uso de todos los recursos del gobierno federal, cuyo despliegue se multiplicará hacia la elección del 11 de noviembre. El plan de hacer ganar a la hermana de Calderón reactiva el contubernio de éste con Elba Esther Gordillo y, en breve, habrá renuncias de panistas, como en Zamora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votará en los siguientes días si ratifica o revoca la expulsión de Manuel Espino del PAN. Salvador Nava Gomar, el magistrado ponente, propone la expulsión –porque así se le ordenaron sus dueños–, pero nada es seguro todavía…