FUTURO FRUSTRADO.

04/08/2011

Pobres, la reserva del narco.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., (apro).- Las familias más pobres del país, cuya cifra se estima en 8 millones, de un total de 52 millones, tienen un ingreso diario de 68.46 pesos diarios, con el que tienen que sobrevivir. Si la familia está integrada por cinco personas, a cada una de ellas les tocarían 13 pesos diarios para cubrir todas sus necesidades de alimentación, vivienda, luz, agua, salud, educación, transporte, vestido, etc.

De acuerdo con los resultados de su más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) dio a conocer, el pasado 15 de julio, que 44.2% de los mexicanos vive en pobreza de patrimonio, es decir sin los ingresos suficientes para consumir una canasta básica de bienes y servicios, y tampoco para cubrir los factores elementales de bienestar.

Con ese nuevo reporte bianual sobre el aumento de la pobreza en México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó que la cantidad total de pobres en el país, de 2006 a 2010, ascendió a 8 millones. Este miércoles, el Coneval reveló que la cantidad de pobres de 2008 a 2010 aumentó de 48.8 millones a 52 millones, o sea que tuvo un incremento de 3.2 millones, lo que da un aumento total de 8 millones de pobres durante los primeros cuatro años del actual sexenio.

La Secretaría de Desarrollo Social culpó a la crisis económica por el nuevo aumento de pobres, sin embargo ese argumento cae si vemos que los primeros cinco nuevos millones de pobres aparecieron principalmente antes de la crisis económica de 2008. Estos datos parecerían ser una mala broma si vemos que esos millones de ciudadanos pobres viven en un país que tiene una reserva monetaria de 956 millones de dólares, con ingresos petroleros en los últimos 20 años de casi mil millones de dólares, de los cuales una buena parte se utiliza para cubrir el déficit tributario y los salarios de la burocracia, que en los dos gobiernos panistas se ha incrementado considerablemente.

Pero no es así. La broma se ha convertido en un panorama desolador, pues observamos que las oportunidades de empleo se han cerrado paulatinamente, lo mismo que las posibilidades de educación superior, y que la pobreza ha impactado principalmente los centros urbanos. El impacto ha sido tan traumático que incluso hay familias que quizá como un mecanismo de defensa natural creen que pertenecen a la clase media, sin tomar en cuenta que en la última década han pasado a los niveles de pobreza al caer sus ingresos trimestrales en 4.2%.

En años anteriores, una de las opciones para los más necesitados era saltar la línea fronteriza del norte para ganar el dinero que en su tierra jamás conseguirían, pero el endurecimiento de las leyes migratorias estadunidenses y canadienses han cerrado poco a poco estas puertas. Otro grupo cansado de buscar una solución a sus necesidades por las vías legales de plano se pasó a la lucha armada, pero las fuertes medidas internacionales y el crecimiento del crimen organizado en las partes serranas, donde tradicionalmente buscan refugio, ha cerrado también esta salida.

Clausuradas las vías de la movilización social a través del empleo, la educación y la migración, la población más necesitada, sobre todo los jóvenes, son el ejército de reserva del crimen organizado, que al paso de tiempo se ha erigido como una fuente de empleo y un símbolo de meta aspiracional. Ese parece ser el destino fatal de un sector de la población más pobre del país: el de los campesinos que prefieren plantar y cultivar matas de mariguana y extensiones de amapola en sus tierras, que maíz y frijoles. O el del joven desempleado o sin posibilidades de seguir su educación y para quien el narcotráfico significa la única salida de ingreso, de éxito o de bienestar, aunque sea por poco tiempo de vida.

El desamparo.

SOLEDAD LOAEZA

Las historias de las víctimas del combate al narcotráfico que se han hecho públicas en las últimas semanas hablan sobre todo del desamparo en que se encuentran miles de familias que han perdido a un ser querido. El gobierno no ha podido o no ha sabido atender la soledad en que se encuentran los deudos que acuden a la policía, a las procuradurías, en busca de apoyo, y que se topan con un muro de silencio, o con la aterradora realidad de que las autoridades carecen de recursos para hacer las investigaciones que demanda la aclaración de cada uno de los casos. Nada más que por esa razón el gobierno es el primer acusado al que apunta el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia, porque ha pecado por omisión, por indolencia, por indiferencia, por incompetencia, porque ha hecho a un lado una razón capital de la existencia de todo Estado, del cual el gobierno es instrumento: la protección de la población.

La protesta de los deudos nace de su indignación y, sobre todo, de su impotencia frente a un adversario que es irreconocible porque los posibles responsables se mezclan y confunden. No saben si su familiar desapareció o perdió la vida por un desafortunado accidente, por la intervención del Ejército, por la incompetencia de la Policía Federal o por la complicidad de la policía municipal con el crimen organizado. Tampoco saben si la tragedia que están viviendo es obra de sicarios y narcotraficantes capaces de una cruel creatividad que nos horroriza a todos. Y debe ser una insoportable tortura para los deudos imaginar los últimos minutos de vida de los hijos o hijas, de los padres, de los esposos o amantes, y no saber cómo fueron esos momentos de terror o de sorpresa. Aunque lo que sí saben es que no estuvieron con ellos para protegerlos, para reconfortarlos o nada más para acompañarlos. De ahí la urgente necesidad de consuelo que los embarga a todos, y que sella con tan conmovedora emotividad al movimiento de Sicilia.

Este dolorosísimo no saber es la reiteración del desamparo y de la impotencia, pero es también una poderosa motivación para movilizarse y protestar. Rosario Ibarra de Piedra lleva tres décadas exigiendo saber, queriendo arrancar de las autoridades la información que confirme la muerte de su hijo y dé cuenta de las condiciones en que murió. La incapacidad de las autoridades para responder de manera satisfactoria a todas las preguntas que se hacen la señora Ibarra y los deudos de ahora es una prueba más de la debilidad del Estado. Para nosotros es también la advertencia de que estamos solos en este sangriento combate entre policías y narcotraficantes, narcos y narcos, policías y policías, policías y militares, porque la inmensa mayoría somos apenas, y si acaso, simples mirones. Lo cual no significa que estemos a salvo.

La importancia de que se lleven a cabo las investigaciones conducentes a la aclaración de los miles de crímenes que se han cometido en los últimos seis años estriba en que es obligación del Estado aplicar la ley y castigar a quienes hieren, secuestran o matan; pero, además, investigaciones honestas y serias nos darían la prueba de que a las autoridades realmente les importan los ciudadanos, y si les importan habrán de protegerlos. Creo que las investigaciones tienen también el grandísimo valor de devolver a las víctimas su individualidad, un rostro, un nombre, una biografía, el carácter que le era propio a cada una de ellas, y que los deudos buscan rescatar. A las víctimas los criminales también les arrebataron su personalidad cuando rociaron con una ametralladora y de manera indiscriminada a un grupo como si se tratara de un hato de animales. Las investigaciones liberan a los muertos y desaparecidos de la fosa común en que se han convertido expresiones genéricas como las víctimas o los desaparecidos. Y pido una disculpa por utilizarlas, y por no tener una fórmula más respetuosa para referirme a ellos.

Paradójicamente, ahora que el Estado se ha hecho más presente en la vida social, después de décadas de políticas de reducción del intervencionismo, es cuando más desamparados nos sentimos. La inseguridad que se ha apoderado de grandes zonas del país explica esta sensación, pero sólo parcialmente, porque la débil o errada respuesta del Estado al reto del crimen organizado también alimenta nuestras inquietudes y temores. No se trata de reivindicar el paternalismo estatal –aunque en un país pobre como el nuestro, ante la adversidad buena parte de la población naturalmente voltea los ojos hacia el Estado en busca de apoyo–, sino de exigirle al gobierno la protección que necesitamos para vivir sin miedo.

Consecuencias

ORLANDO DELGADO SELLEY.

Como se esperaba, en el último momento los grupos parlamentarios estadunidenses llegaron a un acuerdo que aprueba una elevación del techo de deuda. A cambio del incremento de 2.1 billones de dólares a una deuda de 14.3 billones, los republicanos lograron imponerle al gobierno de Obama una reducción del déficit fiscal basada en disminuciones al gasto público que sumarán 2.4 billones de dólares en 10 años, de los cuales inmediatamente se recortarán 900 mil millones. Los demócratas y el gobierno de Obama aceptaron que no se elevaría ningún impuesto. De esta manera el triunfo republicano fue rotundo y lo fue aún más el de la derecha del Tea Party.

Para dimensionar estos datos conviene compararlos con el PIB de ese país. De acuerdo con el Banco Mundial el producto estadunidense en 2010 fue de 14 billones 624 mil millones de dólares. Si el techo de la deuda era de 14.3 billones, representaba 97.78 por ciento del PIB. Al incrementarse 2.1 billones la deuda, como proporción del producto llegará a 121 por ciento, lo que les ubica entre los gobiernos más endeudados del mundo. La reducción del gasto público acordada implicará que en 10 años se le retirarán a esa economía 17 puntos del producto, lo que tendrá efectos devastadores. Este mismo año la contracción de 900 mil millones significa un desestímulo equivalente a 0.6 puntos del PIB.

La valoración de este acuerdo la hizo Krugman al señalar que se festina que el acuerdo evitó un desastre pero que, en realidad, el acuerdo es un desastre. Lo es, por supuesto, para Obama. Lo es, también, para los demócratas. Pero, más importante aún, lo es para la economía estadunidense y para los millones de desempleados y subempleados de ese país. Consecuentemente, también es un desastre para la economía mundial y, en particular, para la economía mexicana, aunque Calderón, Cordero y los demás funcionarios lo nieguen.

El crecimiento de nuestra economía depende mucho del desempeño de la industria estadunidense. De modo que si se desacelera o, peor aún, se frena, disminuirán las compras de insumos, afectando a los proveedores del mundo entero e inevitablemente a las empresas asentadas en México que se dedican centralmente a venderle a esta industria. Los funcionarios de Hacienda han asegurado que la reducción de la demanda externa se compensará con el crecimiento del mercado interno. Esto es falso. Los datos entregados por Coneval hacen evidente que el consumo interno ha venido cayendo desde que se inició esta crisis.

Seguramente las remesas enviadas por nuestros compatriotas desde Estados Unidos, que han venido aumentando los últimos nueve meses, no sólo dejarán de crecer sino que empezarán a disminuir. Esto tendrá efectos inmediatos en el consumo de las familias receptoras de remesas. También se contraerá el gasto público, ya que al disminuir el ritmo de crecimiento se reducirán los ingresos públicos. En un país con 47 millones de personas en condiciones de pobreza, con afectaciones a sus ingresos derivadas de las dificultades de la economía estadunidense, el mercado interno no puede contrarrestar los efectos de la disminución de las exportaciones.

Así las cosas, el gobierno mexicano debe actuar para proteger a los sectores que serán más golpeados por esta situación. Tendrían que incrementarse inmediatamente los recursos que se dirigen a los más necesitados, al tiempo que se instrumenta un plan de contingencia en el que se suspenden los incrementos a precios de bienes y servicios públicos. Difícilmente veremos que esto ocurra.

Un gobierno insensible a los problemas profundos de la población, que se ha ocupado de negar insistentemente que el triunfo parlamentario de la derecha republicana en Estados Unidos nos afectará significativamente, no atenderá los reclamos sociales. Seguirá en lo que considera su cruzada. Pocos le respaldaban. Con su pasividad frente a la continuidad de la crisis, casi nadie seguirá respaldándole.